Pocas esperanzas: Caso Mario Godoy
El caso Godoy, un escándalo que cerró con mal augurio el año 2025, lleva a afianzar la creencia de que el crimen organizado ya lo controla prácticamente todo, aunque el nivel de implicación de poderes políticos específicos es completamente debatible e incierto.
Autor: Gabriel Crespo
Para entender el caso, es necesario primero comprender la función clave de El Consejo de la Judicatura para el funcionamiento judicial nacional. El Consejo de la Judicatura (CJ) es el órgano protector de la Función Judicial que se encarga de administrar y vigilar a la misma, asegurando que los jueces y servidores actúen adecuadamente dentro del marco legal, y aportando seguridad y transparencia jurídicas ante el Estado de derecho.
En el proceso penal llamado "Euro 2024", el juez de la Unidad Anticorrupción, Carlos Serrano, sentenció al ciudadano serbio, Jezdimir Srdan, vinculado al narcotráfico y lavado de activos, a 10 años de prisión. Durante la audiencia de la sentencia, el condenado amenazó con gestos evidentes al juez. Además, se le retiró la seguridad al juez Serrano (el ministro Reimberg declaró que su nivel de riesgo había disminuido, mientras que la Policía reveló lo contrario). Todo esto obligó al juez Serrano a renunciar a su cargo y huir a Estados Unidos ante el evidente peligro que corría su vida.
El caso se volvió más escandaloso cuando se filtraron audios grabados por el propio Serrano que demuestran la presión ejercida por el Exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, para que Serrano "prestara atención a la defensa". Por otra parte, la abogada Dolores Veintimilla había participado en etapas previas de la defensa a Srdan y, aunque ella afirma que se había retirado del caso, su renuncia no había sido validada formalmente. Pero el nexo que une todo esto es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, esposo de Dolores Veintimilla y cercano a Henry Gaibor. A Godoy se le acusa de irregularidades, conflicto y tráfico de intereses, por lo cual la Asamblea Nacional lo citó el 5 de enero de este año para dar explicaciones.
En la comparecencia, Godoy se desmarcó del caso, afirmando que se forjó una construcción mediática y política en su contra; también dijo que consideraría la sugerencia del Presidente Daniel Noboa sobre su renuncia. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), ya consideró y aprobó la solicitud de juicio político presentada por Revolución Ciudadana (RC); de momento, la Comisión de Fiscalización cuenta con un plazo de hasta 5 días para dar a conocer a sus miembros el caso y comenzar con la fase de sustanciación.
Detrás del caso queda en evidencia la fragilidad y tensiones detrás del sistema judicial, la polarización dentro de las bancadas de la Asamblea Nacional, y, sobre todo, la falta de coherencia que deja preguntas sin respuesta al pueblo. ¿Por qué se le retira la seguridad a un juez cuyo nivel de riesgo es claramente elevado? ¿Qué tan infiltrado está el crimen organizado en el sistema judicial, donde las amenazas y las presiones quedan impunes?
En fin, al parecer pocas esperanzas para este año. ¿Se ha acostumbrado el pueblo a las preguntas sin respuesta y a los problemas sin soluciones?