Pax Palaestinae, Pax Israelis, Pax Iusta
Autor: Jose Eduardo Freire
En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump presentó, desde Sharm el-Sheij, un plan de alto el fuego compuesto por veinte puntos que abordan el intercambio de rehenes, fases de retirada del ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. Sin duda, constituye uno de los hitos más relevantes de su segundo mandato, aunque comparte un rasgo común con otros acuerdos en la región: fue concebido para resolver los problemas presentes, no para garantizar una "paz perpetua", como diría Immanuel Kant.
Las bases de los actuales ceses al fuego se remontan a 1993, con la firma del primer Acuerdo de Oslo, que estableció la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como organismo de gobierno interino, el reconocimiento mutuo entre la ANP y el Estado de Israel, y la retirada parcial del ejército israelí de determinadas zonas. Dos años después, el segundo Acuerdo de Oslo dividió Cisjordania en tres zonas, con presencia palestina e israelí, amplió las competencias de la ANP y promovió la cooperación bilateral en seguridad, economía y medio ambiente.
A pesar de representar un esfuerzo por parte de los mediadores noruegos, considero que los acuerdos no abordaron las causas estructurales del conflicto, que siguen siendo objeto de debate. A mi parecer, existen dos interpretaciones predominantes: una que lo atribuye al legado colonial y sus políticas, mientras que la otra lo entiende como una consecuencia de los desacuerdos etnorreligiosos.
Desde esta perspectiva, se sostiene que el pasado colonial, particularmente a partir de la Declaración Balfour de 1917, cuando el Gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un "hogar nacional judío" en Palestina y lo promovió durante el Mandato británico (1920-1948), sentó las bases del colonialismo de asentamiento moderno. Esta declaración implicó una legitimación internacional del proceso migratorio que transformó gradualmente la estructura demográfica y política de Oriente Medio.
Desde entonces, el nuevo Estado ha mantenido una influencia significativa sobre los recursos naturales y territorios de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, donde persiste un sistema jurídico diferenciado: la población israelí está sujeta a la legislación civil, mientras que la población palestina se rige por disposiciones de carácter militar.
Es así como estas condiciones evidencian una ocupación prolongada que, más que transitoria, se ha normalizado con el paso del tiempo. No puede afirmarse que se trate de un conflicto entre Estados con igual condición jurídica, pues en la práctica existe un desequilibrio de poder: un Estado plenamente reconocido y soberano que ejerce control sobre otro actor político de soberanía y reconocimiento internacional limitados.
Desde la segunda perspectiva, el conflicto precede a los desacuerdos políticos del siglo XX, pues sus raíces pueden trazarse a tensiones religiosas y étnicas que se remontan a siglos anteriores. El territorio en disputa alberga lugares sagrados compartidos por judíos y musulmanes, como la Mezquita de Al-Aqsa y el Monte del Templo, espacios cuya posesión simbólica ha sido percibida históricamente como una forma de afirmación o dominación del otro. Esta superposición de significados religiosos y étnicos ha generado, en distintos momentos, episodios de violencia y confrontación, al convertir los sitios sagrados en escenarios de disputas.
De este modo, los palestinos pueden percibir que la identidad religiosa mayoritaria judía influye en el carácter del Estado israelí y en las políticas que los afectan, especialmente en lo relacionado con la ciudadanía, los derechos de las minorías y el trato jurídico. Por su parte, el lado israelí puede percibir al árabe musulmán palestino como un colectivo distinto, no solo en términos nacionales, sino también religiosos y culturales. Cabe recordar que, antes de la creación del Estado de Israel, el territorio de Palestina permaneció bajo dominio árabe e islámico durante aproximadamente trece siglos, lo que consolidó una fuerte identidad musulmana.
En consideración a los puntos expuestos, cualquier intento de alcanzar una paz definitiva deberá contemplar los desacuerdos entre ambas partes y promover una mediación directa entre los representantes legítimos de Palestina e Israel. Solo a través de un proceso inclusivo, transparente y con mecanismos de cumplimiento efectivos, será posible construir acuerdos sostenibles en el tiempo. La solución no debe basarse en la imposición de propuestas idealistas y poco viables, sino en la negociación pragmática y el reconocimiento mutuo de las necesidades y derechos de ambas naciones.