Liberté, Égalité, Ingouvernabilité
Autor: Jose Eduardo Freire
"Liberté, Égalité, Fraternité" representan los principios que encarna la Quinta República Francesa. Sin embargo, durante el mandato de Emmanuel Macron, el panorama político ha mostrado un notable desequilibrio: los primeros ministros designados no logran obtener la confianza del Parlamento y, al igual que ocurre en Japón, son reemplazados en pocos meses, aunque en Francia esta inestabilidad aún no constituye una práctica política consolidada.
A lo largo de sus ocho años de gobierno, Macron ha nombrado a más de seis primeros ministros, entre los cuales tres han resultado particularmente controversiales: Sébastien Lecornu, François Bayrou y Gabriel Attal. Pese a sus distintas orientaciones políticas, todos compartieron la dificultad de conformar una coalición estable dentro de la Asamblea Nacional, ya fuera por falta de apoyo político o por tensiones con el oficialismo.
Lecornu, político de trayectoria vinculado a la derecha, fue designado primer ministro en septiembre de 2025 y recientemente volvió a ocupar el cargo tras una breve renuncia. Su plan presupuestario para 2026 contemplaba una política de austeridad fiscal de aproximadamente 31 mil millones de euros, consultas amplias con los partidos y la suspensión temporal de la reforma de las pensiones, en un intento por reconciliar las relaciones del oficialismo con el bloque de izquierda, especialmente con la fracción socialista. Dichas propuestas fueron rechazadas en la Asamblea, y su gabinete, que apenas presentó cambios, precipitó su salida tras pocas semanas en el cargo.
Bayrou, predecesor de Lecornu e identificado con el centro, ejerció el cargo durante nueve meses. Su programa, de enfoque predominantemente económico, se centró en reducir cerca de 44 mil millones de euros del gasto público para disminuir el déficit al 4,6% del PIB y planteó, entre otras medidas, la supresión de dos días festivos nacionales como parte de un plan de ahorro presupuestario. Aun con ello, su propuesta no logró consenso parlamentario y fue removido de su cargo mediante una moción de censura.
Attal, el primer ministro más joven de Francia, asumió el puesto en enero de 2024 y lideró el Ejecutivo por ocho meses. Su gestión coincidió con elecciones anticipadas que resultaron en un Parlamento fragmentado y sin mayoría clara para el partido de Emmanuel Macron, lo que impidió la gobernabilidad. A pesar de ello, impulsó políticas educativas y de juventud, promovió una reforma del seguro de desempleo para incentivar el trabajo, endureció los requisitos de elegibilidad y lanzó medidas de apoyo a los agricultores ante las protestas del sector.
Independientemente de quién ocupe el cargo de primer ministro, puede observarse un patrón constante: se asume el mando, se proponen reformas, o al menos se intenta, no se alcanza consenso y se reemplaza al premier con la esperanza de que su sucesor logre un objetivo que, en la práctica, resulta utópico. No intento eximir de responsabilidad a los funcionarios, pues sus planes responden, en gran medida, a agendas ya definidas, sean partidarias o personales.
Sin embargo, la Asamblea Nacional, compuesta por 577 diputados, evidencia su incapacidad para hallar un punto común. Más que dirigir su descontento al primer ministro, la Asamblea refleja en él su rechazo hacia Emmanuel Macron, convirtiéndolo en el representante visible del malestar presidencial. Este comportamiento, aunque válido dentro de la pluralidad política, uno de los pilares de la democracia, también genera consecuencias institucionales.
Tal como recalca la periodista de France 24, Flore Simon, la política francesa se ha vuelto ingobernable. No puedo estar más de acuerdo con ella: Hasta el momento, no existe un marco común que permita la formación de coaliciones estables y duraderas, elemento que es esencial en un régimen semipresidencialista. Como consecuencia, los gabinetes actúan para resolver el presente sin proyectar soluciones viables a largo plazo.
Desde mi perspectiva, Francia debería fomentar mecanismos que garanticen la estabilidad de las coaliciones, no mediante la disolución recurrente de la Asamblea, sino a través de normas jurídicas que aseguren una gobernabilidad interina y mediante enmiendas que clarifiquen las disposiciones de la Constitución de 1958. Del mismo modo, no se puede ignorar el factor social: recuperar la confianza institucional resulta imprescindible en un sistema político que atraviesa una evidente fragilidad, tanto nacional como internacional.