Del mito al Dato
Autor: Ivette Acosta
Ecuador mantiene una narrativa histórica profundamente arraigada: la idea de que el Estado es obeso, ineficiente y costoso. Dentro de este imaginario, la Asamblea Nacional suele ser señalada como el ente más derrochador y maquiavélico; no obstante, cuando se analiza el presupuesto público desde los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, optimización y transparencia, la percepción ciudadana se contradice con los datos reales.
Un examen desapasionado del gasto público revela que la mayor carga fiscal no proviene de la Función Legislativa, sino de otras estructuras permanentes del Estado, especialmente la Función de Transparencia y Control Social y la Función Electoral. El presente ensayo analiza porqué estas funciones, creadas para controlar y sancionar irregularidades, no han generado los resultados esperados, y si su permanencia contribuye verdaderamente a mejorar la calidad del gasto público en Ecuador.
La Constitución de Montecristi establece principios claros para la gestión del gasto público, pero en la práctica estos se vuelven letra muerta. Esta falta de efectividad no es nueva: desde la Constitución de 1945, con figuras como el Tribunal de Garantías Constitucionales y sus equivalentes anteriores, el país ha experimentado una constante reinvención institucional sin resolver la duplicidad de funciones ni la falta de articulación entre órganos de control. Aunque la Corte Constitucional representa un avance en estabilidad, el problema estructural persiste.
A diferencia de otras funciones del Estado, la Función Ejecutiva sí cuenta con procesos rigurosos para controlar viáticos, personal y operaciones. Sin embargo, otros organismos no están sometidos al mismo nivel de escrutinio, pese a consumir recursos superiores o similares a los de la Asamblea. Esto evidencia que el problema no es la política en sí, sino un diseño institucional que permite medir el gasto pero no razonar sobre su pertinencia.
La Función de Transparencia y Control Social se creó para vigilar y sancionar actos de corrupción, pero en la práctica opera como un mecanismo redundante: muchas de sus competencias ya existen en la Contraloría y en la Fiscalía. Este solapamiento no solo genera confusión, sino también un gasto innecesario que no se refleja en resultados concretos. La comparación con usar un casete en 2025 ilustra perfectamente su desactualización funcional.
La Función Electoral también representa un gasto permanente elevado debido a su estructura fija, independientemente de si hay elecciones o no. En el Presupuesto General del Estado de 2024, los egresos totales del primer semestre superaron los USD $14.800 millones, mientras que el Plan Anual de Inversiones apenas llegó a USD $225 millones. Pese a ello, la crítica ciudadana continúa concentrándose casi exclusivamente en la Asamblea.
Los datos muestran que el verdadero peso fiscal recae en funciones que cuentan con menor control, menor eficiencia y menor aporte verificable a la ciudadanía. Desde una perspectiva sistémica, la crítica no debería dirigirse únicamente al órgano legislativo, sino al diseño institucional que sostiene duplicidades y estructuras poco efectivas.
Ante esta realidad, una propuesta de reforma coherente sería absorber la Función de Transparencia y Control Social dentro de la Contraloría, y trasladar la supervisión de la Función Electoral a la Asamblea, como ocurre en el Parlamento inglés. Estas medidas reducirían duplicidades, mejorarían la eficiencia del control y permitirían un uso más racional de los recursos públicos.
El análisis muestra que la mayor parte del gasto público no se concentra en la Asamblea Nacional, sino en funciones permanentes con problemas de duplicidad y resultados limitados. A pesar de contar con información suficiente, gran parte de la ciudadanía sigue atrapada en una interpretación simplificada que reproduce una especie de mito de la caverna: observar sombras y culpar al actor más visible, sin analizar la estructura completa.
La atribución de responsabilidad exclusiva a la Asamblea responde a un patrón histórico: cuando el sistema falla, la culpa se deposita en un solo actor para simplificar problemas complejos. Sin embargo, reducir el número de legisladores no resolverá la ineficiencia estatal. El verdadero déficit está en la superposición de funciones, la falta de articulación institucional y la ausencia de controles efectivos en otras funciones del Estado.
La solución no radica en disminuir representantes, sino en impulsar reformas estructurales que optimicen funciones, fortalezcan la representación y garanticen un gasto público responsable. Solo un rediseño institucional coherente permitirá avanzar hacia un Estado más eficiente y alineado con las necesidades del Ecuador contemporáneo.